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La idea que se expone a continuación puede parecer ingenua en un primer momento, pero vale la pena preguntarse ¿y por qué no?
La PROPUESTA consiste en que los gobernantes y funcionarios públicos estén obligados por ley a enviar a sus hijos a la escuela pública, como garantía de que realmente el sistema educativo estatal se convierta en uno de sus principales intereses.
Esta obligatoriedad puede lograr que se ocupen de revitalizar lo que durante mucho tiempo fue uno de los mayores éxitos del Estado argentino: una escuela pública integradora en el intento de nivelar las distintas clases sociales que se mezclaban bajo el delantal blanco, y posibilitar así la igualdad de oportunidades.
Para expresar con mayor eficacia esta cuestión, transcribo un fragmento de la nota que Martín Caparrós escribió en la edición del diario Crítica con motivo del accidentado comienzo de clases (02/03/09):
"La educación pública servía para equilibrar, para integrar [...] para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no importara. Y, de hecho, no les importa a los que manejan el Estado: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados."
La lectura de esta nota, más el conocimiento de un anteproyecto de ley impulsado por padres rionegrinos en 2002, proponiendo lo mismo; y un proyecto del senador brasileño Cristiam Buarque -ex ministro de Educación del gobierno de Lula-, con similar proposición en el país hermano, fortalecieron la sensación de que no era una idea tan absurda.
La "ingenuidad" sumada de muchos puede transformarse en una decisiva manera de instalar el tema y llegar a que se debata seriamente.
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